Las implicancias y los riesgos ante la falta de una estrategia nacional de vivienda
Al inicio de este año, se cerró la Secretaría de Desarrollo Territorial y Vivienda, disolviendo programas clave como Casa Propia, Argentina Construye y Suelo Urbano.
19 de agosto de 2025 | 23:42 | 8 minutos de lectura
El Gobierno Nacional ha emitido el Decreto 70/2025, que disuelve la Secretaría de Desarrollo Territorial y Vivienda, eliminándola del listado de áreas del Ministerio de Economía. Esta decisión también suprime los objetivos de esta Secretaría y de sus Subsecretarías, transfiriendo ciertas competencias a la Secretaría de Obras Públicas. Según el artículo 5 del decreto, los temas que abordan el hábitat y la vivienda incluyen: 1) el suelo (su relevamiento y regularización), 2) obras de infraestructura habitacional, y 3) la finalización y transferencia de programas y proyectos del área.
Aún persiste una dependencia relacionada con el hábitat y la vivienda: la Subsecretaría de Integración Socio Urbana. Esta tiene como objetivos, entre otros, diseñar e implementar políticas para transformar barrios y fortalecer la organización comunitaria, así como gestionar el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio Urbana (RENABAP).
La estructura jurídico-legal argentina exige que todas las normas subordinadas a la Constitución Nacional se alineen con ella. La reforma de 1994 incorporó tratados internacionales que complementan los derechos reconocidos por la Constitución. Uno de esos tratados es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos anteriores.
El CDESC ha emitido Observaciones Generales sobre el derecho a la vivienda, enumerando requisitos para que una vivienda sea considerada adecuada, tales como: a) seguridad jurídica de la tenencia, b) disponibilidad de servicios, c) gastos soportables, d) habitabilidad, e) asequibilidad, f) ubicación y g) adecuación cultural.
Argentina, como Estado Parte de tratados internacionales, debe adoptar una estrategia nacional de vivienda. Esto es una exigencia del PIDESC, que requiere que cada Estado Parte implemente medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda adecuada. El Decreto 70/25 parece más una readecuación administrativa que una estrategia nacional efectiva, incumpliendo la obligación de establecer políticas que contemplen a todos los ciudadanos, particularmente a aquellos con menos recursos.
Las acciones del Gobierno en materia macroeconómica están ayudando a un sector de la población que tiene acceso a recursos, pero para cumplir con las obligaciones constitucionales es necesario que las estrategias incluyan también a aquellos que no pueden beneficiarse del mercado. Se debe garantizar que el derecho a la vivienda se aplique a todos, y esto requiere asignación de recursos y coordinación entre todas las entidades involucradas.
Es imprescindible instar a las autoridades a que hagan públicas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda. No hacerlo podría resultar en demandas internacionales por incumplimiento de obligaciones.
El autor es abogado, presidente de CAVERA y de FAEC.
Fuente: Ricardo Daniel Andino
Link Original: La Nación
