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BARCELONA BUSCA DESINCENTIVAR EL USO DEL AUTO CON NORMAS MÁS DURAS QUE AFECTAN A LAS COCHERAS DE LOS NUEVOS EDIFICIOS
LA NUEVA REGULACIÓN BUSCA FAVORECER UNA MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE, SIEMPRE QUE HAYA ALTERNATIVA COMPETITIVA.
20 de septiembre de 2026 | 18:00
Una vista de la ciudad de Barcelona en España.
Se han aprobado novedades relevantes en las cocheras de los nuevos edificios y calles que se construirán en Barcelona y 27 municipios de su entorno. La comisión de urbanismo del área metropolitana de Barcelona aprobó un cambio de planeamiento urbanístico que actualiza la regulación sobre las plazas de estacionamiento en edificios (de vivienda u otros usos) y calles.
La nueva norma, que solo afectará a nuevos inmuebles y viales de nuevos planes urbanísticos, se puede sintetizar en que las plazas se limitarán en función de las comunicaciones en transporte público de cada zona. La regulación busca favorecer una movilidad más sostenible, siempre que haya alternativa de transporte al auto privado. Se distinguen tres áreas territoriales según la conectividad del transporte público: dentro de las rondas de Barcelona, fuera pero con buena accesibilidad, y en municipios donde los vecinos dependen del vehículo privado para moverse.
La actualización de la normativa también regula el estacionamiento en el espacio público. En el caso de las calles de nuevos barrios, las reservas para estacionar en la calzada se decidirán en función de los edificios que haya, la planificación de la movilidad o cómo sea el espacio público (en una calle peatonal, no habrá plazas). La regulación entrará en vigor en los próximos días.
Para elaborar la nueva normativa, las administraciones catalanas han analizado regulaciones de estacionamiento de vehículos en Europa, donde son más restrictivas, y del País Vasco o Madrid. “En todos los casos se regulan los requerimientos en función de la realidad de las áreas territoriales y sus comunicaciones en transporte público”, explica el director del área de Urbanismo del AMB, Xavier Mariño.
La regulación está pensada desde la premisa de que los tiempos han cambiado. La Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) argumentan que el actual Plan General Metropolitano (PGM) tiene ya 50 años de vigencia, por lo que “ha quedado superado en muchos aspectos”.
“Las mejoras en la intermodalidad entre los distintos modos de transporte, los nuevos desplazamientos vinculados al comercio electrónico, la evolución de los ejes de movilidad, así como de los espacios urbanos y de los vehículos, y la promoción de la vivienda pública, entre otros factores, condicionan la movilidad y las reservas de aparcamiento y estacionamiento actuales”, defienden las administraciones.
En el caso de la vivienda de protección oficial (VPO), la administración entiende que, en un contexto de emergencia habitacional, no obligar a construir estacionamiento en la primera corona (Barcelona y sus municipios colindantes) facilitará la promoción de pisos públicos, porque hacer plazas de parking encarece las promociones y dificulta su viabilidad.
Bajando al detalle, en los edificios de vivienda de protección, en Barcelona podrán no tener ni una plaza de estacionamiento, o un máximo de una plaza por piso. En la vivienda libre, dentro de las rondas, el mínimo será de una plaza por cada cuatro pisos, y el máximo de una o dos plazas por cada piso (si mide menos o más de 100 metros cuadrados).
La normativa introduce un requerimiento obligatorio en el caso de los alojamientos turísticos, que deberán contar con un mínimo de una plaza por cada cuatro alojamientos. Para los edificios de uso comercial, oficinas, industrial, almacenes, talleres y equipamientos como hospitales o iglesias, las ratios dependen de los metros cuadrados.
La consejera de Territorio, el área responsable de urbanismo en la Generalitat, Sílvia Paneque, afirmó que la voluntad es adaptarse a la realidad y a la diversidad territorial, a los nuevos requerimientos ambientales y también a la orientación del urbanismo actual.
Desde el AMB, su vicepresidente ejecutivo, Antonio Balmón, señaló que “la modificación no pretende prohibir el vehículo privado ni limitar el aparcamiento; plantea un cambio de paradigma y adaptar su uso a las necesidades de cada municipio y a sus condiciones de accesibilidad y movilidad”. “En un contexto de emergencia habitacional, flexibilizar los requerimientos de aparcamiento fomenta que se construya cada vez más y lo antes posible”, añadió.
La idea es desincentivar la movilidad en vehículo privado. Sobre la reducción de plazas en algunos casos, la consejera Paneque precisó que la nueva regulación fija “un máximo de plazas de aparcamiento para turismos con el fin de desincentivar la movilidad en vehículo privado que puede producirse en estos espacios urbanos centrales, densos y saturados, y mejorar así las condiciones ambientales y sociales”.
Por parte de la patronal de los promotores, APCE, su secretario general técnico, Carles Sala, entiende que la nueva normativa se aprueba para afrontar una realidad social que ha cambiado y celebra que, salvo en Barcelona, hay flexibilidad. “Se sigue hablando de mínimos: si se hace una obra residencial y se considera que el tipo de persona o unidad familiar necesitará estacionamiento, nadie lo dejará de hacer, hay cierto margen”, aplaude Sala.
Los municipios que entrarán en la regulación son Barcelona, Badalona, Badia del Vallès, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana y Viladecans.
Fuente: Clara Blanchar
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