La megaestafa inmobiliaria del clan L’Abbate irá a juicio oral
Con cinco detenidos y un reclamo de los estafados para recuperar sus ahorros, la Justicia avanza en este caso que ha conmocionado a más de 500 víctimas. A tres años del inicio de la investigación, la elevación a juicio oral y público marca un nuevo capítulo en esta saga de fraudes inmobiliarios.
Los damnificados aseguran que aún falta investigar la “ruta del dinero”. El caso gira en torno a la familia L’Abbate, encabezada por Juan Ignacio, quien es señalado como el líder de una asociación ilícita que comercializaba desarrollos inmobiliarios inexistentes o con irregularidades graves. A su lado, otros miembros del clan y sociedades vinculadas, como Iwin e Iglass, están bajo sospecha por el desvío de millones.
Más de 500 víctimas han denunciado haber invertido sus ahorros en proyectos que no se concretaron, lo que podría traducirse en pérdidas cercanas a los 40 millones de dólares. La jueza y la fiscalía han decidido avanzar y elevar a juicio una parte del expediente, a pesar de que muchos damnificados consideran insuficiente esta decisión.
Luz Vázquez, una de las victimas, expresó: “Los damnificados reclamamos que siga la instrucción dado que faltan declaraciones que esclarecerían el destino de nuestro dinero”. Según su testimonio, aún no han declarado personas clave que habrían intervenido en las operaciones.
La resolución judicial incluye a cinco detenidos y siete personas que prestaron declaración indagatoria. Sin embargo, las querellas sostienen que esta cifra no refleja la magnitud de la estafa. “Hay gente que formó parte de la asociación ilícita y no fue citada nunca”, advierten.
El reclamo por la ruta del dinero
Los querellantes han solicitado medidas de prueba vinculadas a organismos como la UIF, el BCRA, y el análisis de cuentas bancarias, con el fin de reconstruir el circuito financiero y determinar si hubo maniobras de lavado de dinero.
Yamil Castro, abogado de los damnificados, explicó que el juzgado ha unificado a las víctimas en seis grupos de querellas. “Nuestro objetivo ahora es atacar contra las inmobiliarias y los escribanos que intervinieron”, afirmó, añadiendo que aún falta investigar por qué algunas inmobiliarias continuaron comercializando proyectos a pesar de las irregularidades públicas.
Otro punto de tensión es el sobreseimiento de la firma Predial por falta de mérito. Los querellantes podrían apelar esta decisión si consideran que existen elementos suficientes para profundizar la imputación.
La elevación a juicio oral es un hito significativo, pero no debe ser el punto final. Para las más de 500 personas afectadas, este proceso debería ser el comienzo de una etapa en la que se esclarezca no solo quiénes participaron, sino cómo y dónde se evaporaron los millones invertidos.
Perspectivas futuras
El segundo tramo de la investigación podría profundizar en otras sociedades y la actuación de escribanos y operadores inmobiliarios. A medida que avanza el juicio, muchas víctimas siguen esperando respuestas sobre el paradero de sus ahorros, y la presión para que la Justicia continúe investigando se mantiene firme.
Para más detalles sobre este caso, podés consultar el artículo original de Candela Toledo en Clarín.
