Una agrupación de inquilinos expresó su preocupación por los “desalojos rápidos” que propone la nueva ley de propiedad privada
Inquilinos Agrupados cuestionó la iniciativa del Gobierno y apuntó contra los plazos abreviados y la falta de garantías para quienes alquilan.
* 17 de abril de 2026
* 12:54
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Una de las principales organizaciones de inquilinos salió a cruzar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno. La agrupación advirtió que la iniciativa propone un esquema de “desalojos rápidos” sin precedentes en la región.
“El proyecto establece el régimen de desalojo más agresivo de América Latina”, aseguró Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, tras un análisis comparativo con legislaciones de países como Brasil, Uruguay, Perú, España, El Salvador y Paraguay. Según el informe de la organización, ningún país combina plazos tan cortos con un nivel tan bajo de garantías para el inquilino.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y presentada el 27 de marzo, comenzó a debatirse el miércoles pasado en un plenario de comisiones en el Senado. Sin embargo, el oficialismo aseguró que no habrá dictamen, al menos, hasta la próxima semana. La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El objetivo, según el escrito, es: “Eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”.
La propuesta incluye cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y ajustes en distintas leyes, entre ellas la de tierras rurales y la de manejo del fuego. Uno de los puntos centrales del proyecto impacta de lleno en los desalojos, buscando que sean más rápidos y simplificando los trámites registrales.
¿Qué propone el proyecto de ley en materia de desalojos?
El texto del proyecto establece que todos los procesos, tanto por falta de pago como por intrusión o toma de inmuebles, pasen a tramitarse mediante juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino. Para eso, la reforma modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código Civil y Comercial de la Nación.
Los principales cambios propuestos son los siguientes:
- Se implementa el juicio sumarísimo: todos los procesos, tanto por falta de pago como por intrusión, se tramitarán mediante juicio sumarísimo.
- Intimación de pago a tres días corridos: en caso de incumplimiento en el pago de alquiler, el dueño deberá enviar una notificación con un plazo de tres días para que el inquilino pague la deuda.
- Restitución anticipada en casos de intrusión: el juez podrá devolver la tenencia al dueño antes de la sentencia final.
- Restitución anticipada por falta de pago: el demandante debe presentar una caución juratoria, y el trámite seguirá los plazos rápidos del juicio sumarísimo.
- Limitación de pruebas: en juicios por falta de pago o vencimiento, solo se admitirán pruebas documentales y periciales.
Para la agrupación que representa a los inquilinos, este conjunto de cambios configura un cambio de reglas que inclina la balanza de manera decisiva hacia los propietarios. Principalmente, no hay una “segunda oportunidad”: no se contempla la posibilidad de frenar el desalojo pagando la deuda.
“El Gobierno quiere que se vote una ley en donde si una familia se atrasa tres días en el pago del alquiler, sea desalojada de inmediato”, sostuvo Muñoz.
El cuestionamiento a esta ley, que según Muñoz se aprobará, no se limita al plano legal; vincula el proyecto con el contexto económico y la dinámica actual del mercado de alquileres. Según su mirada, se está configurando un “combo letal” para los inquilinos: contratos más cortos, condiciones más flexibles para los propietarios y un deterioro del ingreso real en un escenario de mayor precarización laboral.
“Cuando esto genere consecuencias, otro gobierno va a tener que volver a impulsar una ley de alquileres”, anticipó.
Mientras el Gobierno apuesta a acelerar los desalojos como señal hacia los propietarios, los inquilinos advierten que el costo social puede ser inmediato.
Fuente: LA NACION
Link Original: LA NACION
